No había pasado ni una semana del fallo de la SCJN y los encargados de elaborar la Ley General que regulará la publicidad oficial –los legisladores–, ya se habían pronunciado en contra. Incluso, dijeron, la Suprema Corte se había extralimitado en sus funciones al dictaminar “omisiones legislativas”. El Presidente Enrique Peña Nieto no ha emitido ni una sola palabra al respecto, pese a que esa medida fue una de sus propuestas de campaña y pasó a formar parte de un decálogo de objetivos nacionales que presentó ante integrantes del Pacto por México en 2012.
Leopoldo Maldonado, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, considera que el manejo actual de la publicidad oficial no puede continuar en un sistema que se etiqueta de democrático y advierte que están preparados para cualquier resistencia que se presente en el futuro.
«Nos queda claro que habrá resistencias. Queda claro que para ciertos medios es una mina de oro, para políticos es una herramienta muy útil de control y de contención, de censura sutil e indirecta, pero también está el tema de poder activar juicios de amparo por omisiones legislativas. Eso es una reconfiguración brutal en términos de los pesos y contrapesos institucionales, es decir, viene a redefinir el papel de los tribunales federales que son los que conocen el juicio de amparo, frente a los congresos locales y el Congreso federal», sostiene el miembro de la organización internacional defensora de la libertad de expresión.
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Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).– Hace una semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó a favor de Artículo 19 en el amparo que interpuso por omisiones legislativas, porque el Congreso de la Unión no emitió la Ley que regularía la publicidad oficial en 2014.
A pesar de ese reconocimiento de falta y de que ese compromiso lo hizo el Presidente Enrique Peña Nieto desde 2012 –respaldado por lo que fue el Pacto por México–, las voces y los silencios al respecto de la legislación que acabará con los vicios que esa práctica ha generado entre el poder político y medios de comunicación, dan a entender que la batalla no será sencilla.
Aún así, Leopoldo Maldonado, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, anuncia que están preparados para cualquier escenario, aunque espera que se cumpla el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de justicia en el país.
En particular, plantea, porque éste ya dejó de ser un problema de dinero, sino de cambiarle la cara a la democracia en México con una relación mucho más sana entre el poder político y los medios.
“No podemos seguir creyendo que lo que tenemos es publicidad oficial, cuando eso es propaganda política, es promover acciones de gobierno para legitimar a ciertos grupos en el poder, es propaganda personalizada. Lo que necesitamos es la verdad publicidad, campañas educativas, con fines de orientación social, con fines informativos, en temas de salud, de prevención de desastres. No nos interesa saber que lo bueno cuenta mucho o que el Senado está trabajando o haciendo leyes, pues muchas gracias pero ese es su trabajo, no necesitamos promover instituciones o personas, necesitamos campañas que impacten en el ejercicio de derechos de la población”, explica en una entrevista con SinEmbargo.
Pasaron ya cinco años de que Peña Nieto prometió regular la publicidad oficial y lejos de ver los resultados, hoy se sabe que el dinero destinado a medios de comunicación ha incrementado y no se han respetado los límites que le ha marcado el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En ese contexto, la publicidad oficial se ha convertido en un mecanismo de restricción indirecta, sutil y de acuerdo con Maldonado, los resultados se resumen en más de 2 mil agresiones a periodistas, 111 asesinatos, 23 desaparecidos en los últimos 10 años.
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–¿Cuándo la publicidad oficial empezó a descomponerse en el país con el uso excesivo del dinero, o por el mal uso y las desviaciones de esa herramienta?
–Es un tema que lleva décadas. Los venimos arrastrando desde la época del priismo más duro, más rancio en este país y la frase que sintetiza esta problemática es la José López Portillo, que en 1982 le retira la pauta de publicidad oficial a la revista Proceso, que llevaba apenas unos seis años de haber sido fundada y había desnudado toda la corrupción gubernamental durante el sexenio y al Presidente se le achaca la frase: “no pago para que me peguen”. Es un tema del control de los medios a través de diversas formas y lo venimos arrastrando desde el régimen postrevolucionarios; recordemos el monopolio del papel periódico a través de PIPSA [Productora e Importadora de Papel, SA, fundada por el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, y usada por gobiernos posteriores para pressionar y censurar a los medios impresos de todo el país]. Son estos medios de control indirecto, pero a la postre es un control que genera censura sutil, pero a final de cuentas, censura. Esa ha sido una manera histórica en este país, de controlar a los medios, las narrativas y las líneas editoriales. Evidentemente, a partir de la alternancia política en México y sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, el problema se empieza a visibilizar el problema, la magnitud de la problemática, pero era algo que sobrevolaba en el ambiente de los medios de comunicación, que imponía las condiciones de la relación entre el poder político a todos niveles –federal, local, municipal– y los medios de comunicación. Desde hace 10 años a la fecha comienza a desnudarse la problemática, pero el problema viene de muchos años atrás.
–¿Quién es el enemigo a vencer?, ¿el Gobierno?, ¿los medios beneficiados de la publicidad?
–Creo que en este caso se lucha contra un sistema perverso y para eso se necesitan dos partes, incluso tres, porque las audiencias tenemos nuestra parte. El sistema de medios en México se ha construido sobre esta relación tan enferma, perversa, poca democrática y propia de un régimen autoritario, donde evidentemente el Estado tiene un papel preponderante. También los medios se han vuelto adictos al dinero y no han encontrado una forma alternativa para hacerse de recursos para beneficiar a la sociedad mediante su labor informativa. No hay ningún costo de hacer mal periodismo en México. No hay ningún costo en términos de perder audiencia o consumidores de información, de disminuir su impacto en términos de la penetración que tenga ese medio de comunicación, ya sea digital o convencional. Están tan acostumbrados a que ya tienen dinero sí o sí, ciertos medios de comunicación, no digo que todos, pero muchos, sobre todo en los estados, viven en una condición de marginación respecto a esos ingresos públicos federales que son distribuidos entre medio afines. En esta situación se necesitan dos partes que han generado este sistema perverso.
Por otro lado, tampoco hay condiciones institucionales para poner en el debate público este tema por parte de los medios que son marginados, que tienen una línea crítica y que pueden llegar a tener una audiencia muy grande; esa no es la condición ni el criterio mediante el cual se rige la asignación de la publicidad oficial; sabemos que es bajo ciertas componendas políticas. Una asignación que describe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que la propia Corte retoma, como una asignación positiva en el sentido de “hablas bien de mi” o negativa con “no hablas mal de mi”. Pero a los que se salen del huacal, a esos no les llega nada. Esa es la complicación que es sobrevivir en un país donde los medios afines al Gobierno reciben dinero a raudales y los medios críticos, que son muy necesarios y que son la piedra angular de la democracia al ser voz disidente e independiente, viven ahorcados permanentemente en términos económicos.
–Sobre el papel del Congreso federal, al saber que ellos tenían en sus manos la regulación, vienen a la memoria “Ley Televisa”, la “telebancada”, los “derechos de las audiencias”. ¿Hay algún temor que de que tanto en senadores como diputados ligados a intereses de empresas de medios vayan a oponerse a la regulación?
–Ya empiezan a deslizar esa oposición a la resolución de la Corte. El tema es la crisis institucional que puede llegar a generar en términos de una orden directa de nuestra máxima autoridad jurisdiccional de nuestro país al Congreso si la desacata. Los costos políticos y en términos de democracia y de confianza ciudadana sobre las instituciones van a ser muy altos. Ellos [los legisladores] lo mide en términos de la coyuntura editorial y del proceso electoral, pero ahí también habrá costos y no vamos a dejar de visibilizar que hay una orden de la SCJN que estaría siendo inobservada. Desafortunadamente ya empezamos a escuchar voces al interior del Congreso como la del propio Presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, que es del PRI. Algunos del PRD que empiezan a decir que la Corte se extralimitó, que qué pasa si las mayorías parlamentarias votan en contra de algún proyecto ya dictaminado en comisiones. Nos queda claro que habrá resistencias. Queda claro que para ciertos medios es una mina de oro, para políticos es una herramienta muy útil de control y de contención, de censura sutil e indirecta.
Pero también está el tema de poder activar juicios de amparo por omisiones legislativas. Eso es una reconfiguración brutal en términos de los pesos y contrapesos institucionales, es decir, viene a redefinir el papel de los tribunales federales que son los que conocen el juicio de amparo, frente a los congresos locales y el congreso federal. Hay muchos pendientes en la agenda legislativa por mandato expreso de la Constitución. Los congresos y en especial el Congreso de la Unión ha dejado pasar el tiempo que el propio constituyente permanente ha impuesto para legislar en ciertos temas; está el caso del Fiscal General de la República, el Sistema Nacional Anticorrupción y ahora el de publicidad oficial. El hecho de que los ciudadanos, siempre y cuando acrediten un cierto interés legítimo en términos jurídicos y que tienen una afectación por es ausencia de regulación, como en este caso Artículo 19, los pone con luces rojas. El tema del control de los medios es brutal y por sí mismo va a generar muchas resistencias, pero el hecho de que se haya abierto una brecha para que los ciudadanos presionemos por la vía de los tribunales ante estas omisiones legislativas, no les va a gustar […] porque implica, literalmente, que se pongan a trabajar.
–¿Qué te dice esta actitud? Ramírez Marín se pronunció al respecto y aún no pasaba ni una semana luego del fallo.
–Exhibe, más allá del Congreso como un órgano propiamente político en cuyo seno se tienen que dar los debates de todas las fuerzas partidistas, que sus vaivenes, que sus intereses están por arriba de los intereses de la nación, a los derechos fundamentales de la población y eso exhibe muchísimo, una vez más. El hecho de que ahora sea un tribunal y no cualquiera, haya dicho que no han trabajado, abre un camino para que se les siga exhibiendo eso es maravilloso para los ciudadanos y las ciudadanas. Dejó de ser solo un tema de percepciones, de cuestiones subjetivas de que los legisladores no están haciendo o que incumplen con su mandato constitucional de legislar. Ahora sí tenemos herramientas para hacerlos trabajar y eso evidentemente no les gusta.
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–El Presidente no ha dicho nada al respecto a pesar de que la regulación fue una de sus promesas de campaña.
–Claro y estaba en los compromisos del Pacto por México. No solamente se comprometió como candidato, sino también como presidente. No lo hicieron y es un compromiso que trasciende a la campaña, ya que esos son periodos en los que se dicen muchas cosas, fue un compromiso de estado, de los partidos políticos que encabezan los congresos a nivel federal y local. No sabemos qué los frenó, pero sabemos que nadie de ningún color, de ningún partido, ninguna corriente política, le hace el feo a la oportunidad de controlar a los medios a través del dinero público. Sea quien sea. Es una práctica muy poco democrática que nos tenemos que sacudir ya.
–El reto de llegar a estados y municipios, ¿cómo lo ven?
–Una de las premisas de las que partimos es se trata de una ley reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 134 que regula a todas las dependencias de gobierno, a los organismos públicos autónomos y a los tres órdenes de gobierno. Eso le daría un carácter de Ley General y tendría que regularse en todos los ámbitos de competencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno. Luego, los congresos locales quedarían obligados a armonizar con esa Ley General. El punto es que no se trata de una regulación o un fallo que beneficia sólo a los medios nacionales o los asentados en la capital del país. El fallo de la Corte va a mover no sólo al Congreso de la Unión sino a los congresos locales, por eso es importante el involucramiento de todos los actores locales, de la prensa local, porque para ellos también representa beneficios. Nos preguntan que cuándo hacemos los amparos para Sonora, para Tamaulipas, pero no: esto va atraer beneficios en términos jurídicos y de certidumbre para todos.
–¿Qué se eliminaría con esta nueva regulación y qué es lo que nos traería?
–Para empezar, criterios claros de asignación en términos de audiencia, de impacto de medios y bajo los principios de equidad, porque sino los medios pequeños quedan afuera o las radios comunitarias y muchas veces tienen mucho mayor nivel de penetración que los grandes consorcios televisivos, pero no en la lengua de ciertas regiones; también cómo se va a regular en términos de Internet, establecerá topes presupuestales, sanciones jurídicas para el incumplimiento, algún órgano que supervise ese comportamiento, estaba la propuesta de un consejo ciudadano autónomo. Hay una serie de cuestiones que se tienen que ir hilando en el marco de la discusión y nos preocupa que el formato de la discusión no se haga de manera abierta, participativa, en la que estén todas las voces implicadas; no queremos que se legisle en lo oscurito ni al vapor ni queremos una ley que resulte contraproducente… aunque de ser así, ya tenemos las herramientas jurídicas para impugnar esa ley, pero no es el caso al que queremos llegar. No sólo es el tema del dinero, es el tema de cambiarle la cara a la democracia en México en una relación mucho más sana entre el poder político y medios. Habrá que vigilar el cómo, el cuándo, el quiénes, el organismo que va revisar, las sanciones que habrá para quien haga una asignación arbitraria y discrecional que no cumpla con la ley y a quien rebase los topes presupuestales establecidos en los presupuestos de egresos cada año. Un aspecto central que se tiene que legislar es el carácter de la publicidad oficial, el objetivo de la publicidad oficial. No podemos seguir creyendo que lo que tenemos es publicidad oficial, cuando eso es propaganda política, es promover acciones de gobierno para legitimar a ciertos grupos en el poder, es propaganda personalizada. Lo que necesitamos es la verdad publicidad, campañas educativas, con fines de orientación social, con fines informativos, en temas de salud, de prevención de desastres. No nos interesa saber que lo bueno cuenta mucho o que el senado está trabajando o haciendo leyes, pues muchas gracias pero ese es su trabajo, no necesitamos promover instituciones o personas, necesitamos campañas que impacten en el ejercicio de derechos de la población.
–¿Qué significó para Artículo 19 esta primera gran victoria?
–Es un reconocimiento al trabajo que hemos desplegado desde hace muchos años junto con otras organizaciones y otros actores que han hecho la pelea por un sistema más democrático en términos del derecho a la información. Es triste que en este país, las y los periodistas estén bajo la disyuntiva de la plata o el plomo; de la plata por las condicionantes para recibir dinero. El plomosa significado en los últimos 10 años, más de 2 mil agresiones a periodistas, 111 asesinatos, 23 desaparecidos, un nivel de impunidad del 99 por ciento. Es una fórmula imposible en democracia. En este momento, generar las condiciones para atajar la plata, para ponerle candados, es para nosotros muy esperanzador. Quitarle esa arma a los gobiernos y a los actores privados que presionan a través de los gobiernos, es esperanzador. Es un paso que implica muchos más pasos, compromiso en términos de lo que viene, de vigilar que se cumpla la Ley, de no dejar que se caiga.
–¿Cuáles son los siguientes plazos para la elaboración de la Ley?
–El plazo es el 30 de abril de 2018. Este periodo de sesiones se acaba en diciembre y ya hay algunas iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, hay gobiernos locales interesados como el de Quintana Roo, el de Chihuahua en ver los próximos pasos y habrá que esperar el formato de la discusión. Parece que hay mucho tiempo, pero tomando en cuenta que el periodo ordinario entra en febrero, quedará muy poco y obligará a que se aceleren los tiempos para establecer los plazos, formatos y actores que van a estar involucrados. Encontramos las resistencias, pero al final del día hay quienes son receptivos al tema y creemos que el tiempo apremia, porque no hay tanto tiempo como parece, más cuando la agenda legislativa está tan pesado, sobre todo en la procuración de justicia. Vamos a contracorriente, pero así como íbamos contracorriente hace tres años que se nos ocurrió meter este amparo, seguiremos impulsando el proyecto.
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